Las empresas fotovoltaicas que operan bajo el esquema de generación solar distribuida fueron escuchas hoy en el foro 22ª, del parlamento abierto que sesionó este lunes en la Cámara de Diputados.

Las reflexiones fueron a través de Manuel Gómez Herrera-Lasso, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica:

“Aunque en algunos casos la GD puede representar retos técnicos para la CFE también le ayuda a resolver muchos problemas, por ejemplo: le permite aplazar inversiones, mejorar la confiabilidad y seguridad de la red, reforzar las redes de transmisión y distribución, diversificar la matriz energética, tener más holgura en sus pronósticos y en el balance de la carga y generación.”

Por el lado de los usuarios, los beneficios que aporta la GD de acuerdo con el expositor: “Les permite consumir energía limpia, ahorrar en su consumo eléctrico, y en el caso de los negocios, los hace más eficientes.”

Las primeras ideas expresadas por el director de la AMIF, fueron contundentes: “La Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica ha sido y puede ser un apoyo para la transición energética.

Nuestro trabajo es llevar el sol a las personas y su derecho a resolver sus necesidades energéticas.”

Por estas razones Gómez Herrera-Lasso explicó las preocupaciones de la membresía que representa frente a la iniciativa de reforma: “En la iniciativa y en la discusión pública se ha hablado muy poco de la GD, no se ha tocado en los 21 foros hasta hoy realizados. No se ha dicho cuáles son las políticas públicas que se planea para su operación. Se le ha mencionado, pero sólo como paneles en techos en casas y en el sector agropecuario.”

El tema toral de la intervención fue el análisis que realizó sobre los artículos constitucionales en la iniciativa de reforma.

“En el nuevo párrafo séptimo del artículo 27 y en el nuevo párrafo sexto del artículo 28, se excluye a las empresas privadas que instalan sistemas fotovoltaicos y a una buena parte de la cadena de valor de GD. Habrá que tener en cuenta los costos de esta transición energética que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cambio Climático y Ecología en un estudio de 2017, el costo ascendía a 67 mil 750 millones de dólares para el periodo 2014-2030.

En el segundo artículo transitorio inciso A se habla de la cancelación de permisos y contratos. Sí bien los ciudadanos que posee sistemas fotovoltaicos bajo la modalidad de GD no requieren permiso, sí han suscrito contratos, la única interpretación posible es que todos los contratos de nuestros usuarios serían cancelados una vez que esto entre en vigor.

Específicamente en la cláusula octava inciso C de los contratos de contraprestación que se firman con la CFE se especifica como causa de terminación, la modificación o contravención de las disposiciones que establece la ley de la industria eléctrica, su reglamento o a cualquiera de las disposiciones legales, administrativas aplicables.”

Considerando estas posibles modificaciones y repercusiones que tendrían en la industria la iniciativa de ser aprobada, el director de la AMIF subrayó el porque no son suficientes las declaraciones públicas que funcionarios del gobierno federal han expresado: “Desde que se invió la iniciativa, funcionarios de la Secretaría de Energía y de la CFE han explicado públicamente que la GD continuará, y no se verá afectada y que en realidad será promovida por el gobierno federal.”

Tras esta explicación, Gómez Herrera-Lasso, ofreció otras repercusiones positivas que la GD ofrece al Sistema Eléctrico Nacional: “Una relevante es que reduce las pérdidas de energía del sistema eléctrico. En México se pierde en torno al 15 por ciento de la energía que se transmite en la red; no obstante que hoy estamos muy por debajo de nuestras posibilidades como país en el sector (GD). Por todo esto y tal y como se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo, la GD debe ser impulsada. Estamos de cuerdo de que sea ordenada sin desatender la confiabilidad del sistema y regulando la calidad de los componentes y de la instalación.”

Quien representa el liderazgo operativo de la AMIF, reitero: “La reforma energética del 2013, tiene áreas de oportunidad, pero hoy no se requiere un cambio Constitucional.”

Al concluir su primera intervención, el director de la AMIF: “La iniciativa tal y cómo se propone centralizar las decisiones va en contra de la libertad de los ciudadanos para gestión su propia generación y su propio consumo energético. Establecería que la innovación, la capacidad de emprender, de crear y participar en el cambio tecnológico no va a estar en manos de cualquier ciudadano sino de quien el Estado elija. Para el sector energético y para el país sería perjudicial que desaparezcan los órganos reguladores autónomos. Es necesario seguir apoyando la participación de las empresas instaladoras de GD, su profesionalización y crecimiento, los que ellas hacen traen beneficios para todos.”

Es importante recordar que la GD en México es considerada como la generación de energía eléctrica a pequeña escala de menos de 500 kilowats ubicada en el centro de carga con la opción de interactuar con la red eléctrica y puede aplicarse a centros de carga: residenciales, comerciales e industriales.