La pobreza energética está fuera de la agenda pública en México. Aunque no existe una cifra oficial, se estima que el 36.7 por ciento de los hogares mexicanos la viven.

La pobreza energética no se trata únicamente sobre tener o no acceso a la electricidad, sino de contar con los bienes económicos que permitan a los hogares satisfacer sus necesidades de energía. Esto implica tener un suministro eléctrico constante y de calidad que sea suficiente para alcanzar confort térmico, contar con un refrigerador eficiente y estufas de gas o electricidad, entre otras necesidades como el entretenimiento o la iluminación. La perspectiva de género en la política energética es indispensable para esta conversación.

La pobreza energética no se resuelve únicamente con la expansión del suministro eléctrico, debe abordarse también desde el ángulo de la equidad de género. Es decir, no es únicamente política energética, sino política social para mejorar la calidad de vida principalmente de mujeres de bajos ingresos para reducir el tiempo que dedican al trabajo no remunerado, además de limitar el esfuerzo físico que dedican y mejorar las condiciones del uso de energía.

Las mujeres son quienes más energía consumen en los hogares, ya que ellas dedican 2.5 veces más tiempo al trabajo no remunerado (labores de cuidados y del hogar) que los hombres de acuerdo con datos del IMCO. Esa desigualdad se agudiza ante la escasez de energía, lo que incrementa aún más los tiempos dedicados a este tipo de tareas, por ejemplo, al no contar con medios para calentar el agua o por la falta de electrodomésticos que agilizan algunas actividades o para recolectar leña necesaria para cocinar cuando no hay acceso a gas. Este tiempo podría ser utilizado para otras actividades o para descansar.

Asimismo, la pobreza energética también tiene un impacto negativo en la salud de las personas que pasan más tiempo en los hogares, que tienden a ser las mujeres. Por ejemplo, al cocinar con combustibles nocivos para la salud como la quema de leña. En otras palabras, sin acceso confiable y seguro a energía, la carga de trabajo no remunerado aumenta para las mujeres con menores recursos y su condición de salud se ve afectada.

El primer paso para abordar esta problemática está en aprovechar las herramientas ya existentes en México.

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) tiene una serie de programas para financiar la mejora sustentable en los hogares de menores recursos. El Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE) tiene como mandato alcanzar la cobertura universal a todos los hogares mexicanos a partir de recursos provenientes del Mercado Eléctrico Mayorista.

Asimismo, en años anteriores el FIDE tuvo un programa de sustitución de electrodomésticos para reemplazarlos por equipos más eficientes en términos de consumo de energía. Promover el acceso a electrodomésticos reduce la pobreza energética de los hogares al ofrecer alternativas menos nocivas para la salud y menos intensivas en el uso de energía, como acceder a refrigeradores con menor consumo de electricidad. Retomar este tipo de iniciativas –y analizar sus reglas de operación con perspectiva de género– puede beneficiar al universo de hogares en pobreza energética a través de la instalación de paneles solares para la generación eléctrica, calentadores solares y electrodomésticos más eficientes en su uso de energía, entre otros. Es necesario situar la perspectiva de género en el centro del debate sobre la pobreza energética, solo así se podrá tener datos precisos sobre su impacto desproporcionado sobre las mujeres.

Texto publicado en ‘Ideas para llevar del IMCO’